El procedimiento de extradición en Guatemala comienza cuando un país solicita la entrega de una persona que ha cometido un delito en su territorio.
La primera fase judicial inicia con la recepción del expediente, enviado por la Corte Suprema al Juez competente. Este Juez analiza la solicitud y si la misma cumple con los requerimientos legales, se admite para su trámite.
Estas alternativas pueden ayudar a superar los desafíos que plantea la falta de acuerdo de extradición y permitir que los países cooperen en la lucha contra el crimen transnacional.
Ante la falta de acuerdo de extradición con ciertos países, es importante que España adopte medidas para garantizar la efectividad de la cooperación internacional en materia de justicia. Algunas recomendaciones incluyen:
En dicha nota verbal, como mucho se acompaña un resumen de la documentación enviada por el Estado requirente, y ni siquiera se hace un análisis documental por parte de un funcionario español aseverando que toda la documentación legalmente exigible haya llegado completa.
Es importante tener en cuenta las leyes y políticas específicas del país en cuestión para evaluar la viabilidad de la extradición basada en la nacionalidad del fugitivo.
Para que se conceda una extradición en España es necesario que exista un tratado de extradición entre los dos países, que el delito por el que se solicita la extradición sea considerado como tal en ambos países y que se cumplan los requisitos formales establecidos en la ley.
Si en Guatemala se encuentra un delincuente o presunto delincuente que está condenado en un país extranjero o debe de ser juzgado en dicho país.
En Croacia, las regulaciones de extradición están establecidas en la Ley de Extradición de 2012. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para solicitar y conceder la extradición de una persona acusada de un delito en un país extranjero.
Por ello, y para superar una situación como ésta, donde se ponen en peligro los derechos al honor y a la intimidad de la persona sobre la que pesa una orden de extradición; y donde el único beneficio que podemos atisbar consiste en la propia publicidad institucional, es por lo que recomendamos a los abogados que lleven la defensa en estos casos, que soliciten al Juez Instructor para que requiera al Ministerio de Justicia de que a la hora de tomar una decisión sobre la aceptación o no de una extradición, no se publique el nombre completo del afectado, sino solamente sus iniciales.
Este perjuicio será del todo injusto en el caso de que al ultimate del procedimiento acabe el extraditado por ser absuelto; y si finalmente es condenado, esta publicación en un medio público oficial le dificultará muy seriamente la posibilidad de reinsertarse.
Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir click here now los extraditables.
En casos en los que un país no tiene un acuerdo de extradición con España, es necesario explorar alternativas legales para garantizar que los culpables de delitos no queden impunes.
El país requerido evalúa la solicitud y choose si cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo de extradición.